Ante la actual crisis política que vive el gobierno estatal oaxaqueño suscitada por sus erradas estrategias represivas para poner fin al conflicto magisterial, el gobierno está realizando diversos intentos para desvirtuar tanto al movimiento magisterial como a sus integrantes y a través de está vía debilitar y destruir el apoyo de la población hacia el movimiento que se ha transformado en movimiento popular. A través de los medios de comunicación hemos observado múltiples mensajes o spot’s en los cuales se dice de manera facciosa que Oaxaca ocupa los primeros lugares de reprobación y deserción escolar atribuidos a los años de lucha del magisterio . Nuestro Estado, ocupa, en efecto, uno de los primeros lugares en analfabetismo, deserción, reprobación escolar, no obstante, esta situación tiene un origen social y político profundo que es necesario dilucidar.

      Oaxaca es uno de los estados con mayores inequidades y disparidades socioeconómicas entre sus diversas clases sociales y grupos de población. Estas inequidades han sido agravadas por las políticas económicas gubernamentales de ajuste estructural y libre comercio que han traído como consecuencia mayor pobreza económica y social para las poblaciones económicamente débiles .

      Las disparidades e inequidades económicas y sociales son atribuidas a un desarrollo económico denominado capitalista que favorece a pequeños grupos y clases sociales económicamente fuertes, ubicados principalmente en zonas urbanas. Mientras que los niveles altos de salario, bienestar y calidad de vida se reflejan en las clases sociales adineradas y áreas urbanas, en el área rural e indígena, la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos, la enfermedad y la muerte prematura han persistido y en zonas de alta marginación hasta han aumentado.

      Las políticas de ajuste estructural: reducción del gasto público y social, eliminación de subsidios, la privatización de empresas paraestatales, reformas fiscales, restricción de créditos, la liberalización del comercio y la eliminación de barreras a la inversión extranjera – el gobierno mexicano modificó en 1992 el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, reduciendo los subsidios al campo y abriendo las tierras comunales a la propiedad privada y corporativa - tales ajustes macroeconómicos han tenido desastrosos impactos socioeconómicos sobre las clases trabajadoras y sus familias, principalmente en las comunidades rurales e indígenas. Gran cantidad de las empresas pequeñas cerraron, miles de trabajadores han quedado desempleados, produciéndose mayor crisis económica que ha provocado mayor vulnerabilidad de los grupos y clases sociales de bajos recursos a la desnutrición, enfermedad y muerte prematura.

      Oaxaca se encuentra dentro de los primeros lugares en indicadores que expresan condiciones de vida negativas para la población como son los indicadores de bajos ingresos económicos, desempleo, subempleo, migración, enfermedad y muerte prematura. El índice de bienestar es de 1 y se encuentra dentro de los tres más bajos del país.

      El índice de Mocemex es de 80, lo cual nos indica dentro de otras cosas, peores condiciones de remuneración económica.

      Debido a las condiciones socioeconómicas de nuestra población, Oaxaca presenta una categoría migratoria de fuerte expulsión.

      En los indicadores de salud y calidad de vida expresados indirectamente a través de los índices de enfermedad, discapacidad, disfunción y muerte nuestro estado ocupa los primeros lugares. La mortalidad infantil, mortalidad materna, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas y desnutrición, ocupan las primeras tasas en el país.

      Los niveles de desnutrición de la franja de pobreza del sur del país son cuatro veces mayores que en los estados urbanizados más ricos. Las muertes infantiles debidas a desnutrición han aumentado en un 25% desde 1980.

      Los niños de los estados más pobres – Oaxaca y Chiapas – mueren en proporción de dos a uno comparados con los niños de los estados más ricos.

      La incidencia de la pobreza entre los indígenas es de un 81% comparada con 18 % de los grupos no indígenas.

      La desnutrición en los primeros cinco años de vida ocasiona daños cerebrales irreversibles si no se atiende oportunamente el estado nutricional de los niños. Dentro de las consecuencias de la desnutrición durante los cinco primeros años de vida se encuentra el bajo desarrollo de la capacidad intelectual. Múltiples estudios en el mundo, dentro de ellos los realizados por la UNICEF demuestran que la desnutrición en los primeros cinco años de vida es la principal causa de ausentismo y bajo rendimiento escolar en los niños de escuelas primarias y secundarias, se cierra así el círculo de la pobreza: desnutrición, baja escolaridad, pobreza. Tal información demuestra que no es el movimiento magisterial el responsable o culpable de la deserción y bajo rendimiento escolar y si lo son las erradas políticas gubernamentales aplicadas durante décadas y décadas las que han generado la disparidad y la polarización de las condiciones de vida en las clases sociales económicamente fuertes y las desprotegidas. Los indicadores de bajo bienestar y de calidad de vida, de enfermedad y de muerte prematura, son la expresión paradójica del fracaso de la función esencial de un gobierno que se instituye para servir a su pueblo, para proteger su bienestar y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos: a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo, a la igualdad, a la justicia social y a la vida…entre otros.

      “Las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos presentan una doble cara: El estado tiene la obligación de respetar en su ámbito de acción las limitaciones que le imponen los derechos humanos; y, por otro lado, está obligado a actuar como proveedor y defensor de ellos. Es decir, las obligaciones primarias de los Estados son de respeto y garantía de los derechos humanos. Existen también las obligaciones secundarias, que se refieren a la responsabilidad del Estado por incumplimiento o violación de las obligaciones primarias de respeto y garantía…” que se enuncian en los tratados internacionales de Derechos humanos como lo es la Carta de la Organización de los Estados Americanos OEA

      “…La obligación de respetar los derechos humanos reconoce la existencia de limitaciones al ejercicio del poder público, cuando estas pretenden penetrar en la esfera del individuo; límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”, (Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA).

      Los gobiernos al servicio de las clases dominantes (PRI y PAN), han considerado la pobreza y la desigualdad social como secundarios e inevitables del desarrollo económico y del “progreso”, más que como una violación a los derechos humanos económicos, sociales y culturales. En consecuencia ha tratado asuntos tales como la desnutrición, la enfermedad y la mortalidad prematura como costos inevitables de dicho desarrollo. Las continuas y crecientes desigualdades y sus impactos en la salud, el bienestar y la calidad de vida constituyen un atentado a las clases y grupos marginados y una violación al derecho internacional.

      Las políticas públicas de los gobiernos puestas al servicio únicamente de las clases con gran poder económico se enfrentan a la alternativa de un desarrollo económico-productivo no planificado que ha ocasionado insalvables diferencias entre grupos con gran poder económico y grandes poblaciones económicamente desprotegidas: “ricos” y “pobres”, con la tendencia de aniquilar por completo la vida sobre la tierra, alterando el hábitat natural del planeta al transgredir leyes ecológicas.

      El poder político y económico de los gobiernos al servicio de los poderes económicos ha pasado por encima de las condiciones sociales, medioambientales, culturales y políticas que garantizan el bienestar humano y la calidad de vida tanto de las colectividades como de cada individuo integrante de la misma, incluyendo los mismos políticos y poseedores del dinero.

      En el estado de Oaxaca se priorizaron políticas dirigidas por la ignorancia y capricho de los adinerados, como ejemplo tenemos en la ciudad de Oaxaca la alteración y destrucción de monumentos históricos como los son el Zócalo, el Paseo Juárez (El Llano), la Plaza de la Danza, la Fuente de las Siete Regiones, el cerro del Fortín, los cruceros viales y el barrio más antiguo de la ciudad y del centro histórico: el Barrio de Jalatlaco, Barrio que es la cuna de la ciudad de Oaxaca y se está destruyendo con la pretendida construcción de la central camionera de los Autobuses de Oriente (ADO). En las zonas rurales tenemos como ejemplo las políticas entreguistas de vastas áreas de playas, de zonas verdes y boscosas a empresas extranjeras despojando a la población rural e indígena de sus territorios. No importando que para cumplir los caprichos de las clases del poder económico se lleve a cabo, la alteración de la traza urbanística y la imagen colonial, la desaparición de áreas verdes, y zonas boscosas con inevitables impactos al patrimonio cultural, al medioambiente, a las condiciones de vida, de salud, y bienestar de grandes grupos de población. Políticas erradas como éstas han causado el deterioro ecológico en el planeta con el consecuente calentamiento global siguiendo la tendencia hacia la destrucción de la vida.

      La respuesta política que se necesita es que las grandes fuerzas sociales que operan en nuestro estado sumen criterios. y esfuerzos Que puedan planificar una acción estratégica conjunta que, concebida con inteligencia y creatividad, sea realizada con la grandeza que la situación requiere.

      La comunidad oaxaqueña: trabajadores, profesionistas, empresarios, religiosos, medios de comunicación y población en general, no podemos ser ajenos a los problemas y conflictos que aquejan a diversos grupos o clases sociales. Muchos de estos conflictos son síntomas, son modos de expresión de la injusticia y la crisis social existente que nos afecta a todos y cada uno de nosotros.

      Las políticas bélicas, militares, policiales, son la expresión organizada de la violencia del estado desarrollada para reprimir los movimientos sociales. Son la expresión paradójica del fracaso de la función esencial de un gobierno que instituye para servir a su pueblo. La respuesta social es que podamos comprender y aceptar que todos estamos implicados y que no existen soluciones aisladas.

      Debemos favorecer el compromiso de las familias con los maestros, de los vecinos con sus comités de colonia, con las organizaciones sociales y civiles. Es necesario un compromiso activo por colonia, por localidad por región y por estado. Si este compromiso es realizado se dotará, a las comunidades chicas o grandes, de la autonomía necesaria para dar respuesta a sus peculiaridades y, a la vez, se obtendrá el respaldo social para una política general de resolución de conflictos de acuerdo con los intereses de las mayorías.

      Todos, absolutamente todos, podemos hacer algo para promover una vida más digna, que se precie de vida realmente humana y, para ello, debemos recuperar la solidaridad como un valor fundado en el enriquecimiento individual humano con trascendencia hacia las colectividades.

      Necesitamos organizarnos en defensa de la Vida porque es la vida misma la que se halla amenazada por malas políticas y los malos gobiernos al servicio de las clases dominantes. Si este paso se cumple estaremos en condiciones de hallar caminos originales para prevenir y derrotar las diferentes presentaciones de la destrucción de la vida. Estaremos transformando a nuestra sociedad en una Colectividad que, se sustente en la solidaridad, la libertad y la justicia.

      Todos construyamos un movimiento social en defensa de nuestros derechos humanos, de la justicia social, de la libertad y de la vida. Este movimiento popular puede ser el inicio.